La comodificación de los territorios urbanizables y la degradación ambiental

La ciudad de Santiago se expande ilimitadamente y los proyectos inmobiliarios privados constituyen la principal inversión a nivel nacional. La privatización
de la economía y la comodificación de los bienes y servicios territoriales y ambientales han trasferido a la construcción de la ciudad la totalidad de los
principios y valores del neoliberalismo afectando incluso la relación entre sociedad y naturaleza. La ciudad se ha fragmentado y desintegrado como unidad
territorial y sistema ambiental y como proceso histórico y social colectivo y las externalidades negativas son asumidas por los sectores más pobres,
evidenciándose una creciente segregación socio-ambiental y una profunda injusticia ambiental. Se analiza objetivamente los costos ambientales producidos
por la expansión urbana y se comparan los resultados observados en una urbanización reciente con los que debiera causar el Portal Bicentenario de
Cerrillos, uno de los proyectos emblemáticos de la comodificación ambiental.
Chile es el país de economía más liberalizada en Latinoamérica y para ello ha considerado la privatización de los recursos naturales y de los medios de
producción, y formulado una política de desarrollo que ha privilegiando la generación y funcionamiento de los mercados en la asignación y decisión de los
proyectos de inversión, especialmente los pertenecientes al sector inmobiliario, junto a la reducción del tamaño e ingerencia del Estado y de las funciones e
intervenciones públicas. En el caso de la ciudad de Santiago, se está concretando la inversión de más de cinco mil millones de dólares en la construcción de
megaproyectos inmobiliarios (El Mercurio, 3 de mayo de 2005, B1), lo que significa no solamente que este sector concentre las más importantes
inversiones de capital en el país, sino que además, agregar cerca de doscientas mil nuevas viviendas y expandir la ocupación urbana de los territorios por
decenas de miles de hectáreas. Ello no se puede realizar sin tener en cuenta las externalidades negativas, especialmente ambientales, que implica, por
ejemplo, aumentar la contaminación atmosférica como consecuencia de los más largos recorridos entre los hogares dispersos y los lugares centrales de
servicios, estudio y trabajo. Estas grandes transformaciones urbanas no son evaluadas ambientalmente en forma acumulativa y sinérgica, sino que a lo más,
como proyectos aislados y autónomos. Tampoco forman parte de las evaluaciones de este tipo, los cambios ambientales provocados por la sustitución de
suelos agrícolas y coberturas naturales por áreas urbanas, con la consiguiente generación de islas de calor, de humedad y de ventilación, así como la
impermeabilización de tierras y con ello la pérdida de áreas de recarga de agua en el subsuelo, incremento de la escorrentía superficial y aumento de los
riesgos de inundación. Ni mucho menos se consideran los efectos ambientales adversos sobre la ecología de los paisajes que significa la pérdida de
biodiversidad, calidad paisajística y fragmentación de hábitats. Ello produce la reducción o pérdida de servicios y funciones ambientales y ecosistémicos que
dependen de la mantención de áreas vegetadas al interior de las cuencas donde se asientan las ciudades.
La expansión incontrolada de las superficies urbanizadas se basa en la sustitución sistemática de las restricciones al crecimiento espacial de la ciudad
establecidas por los instrumentos territoriales, como los planes reguladores comunales e intercomunales, que determinaban –al menos en teoría- el límite de
la ciudad y asignaban los usos del suelo, protegiendo las tierras agrícolas, silvoagropecuarias o destinadas a la conservación de la naturaleza. Las nuevas
reglamentaciones para la ocupación del suelo sólo condicionan la instalación de megaproyectos inmobiliarios, fuera del límite urbano, al cumplimiento de un
conjunto de requisitos, tales como densidades de construcción, existencia de vías de circulación y de colectores de aguas lluvias y plantas de tratamiento de
las aguas servidas, aspectos que son tratados en forma puntual y caso a caso y no en virtud de una zonificación previa que anticipaba la existencia de áreas
urbanizables. También se considera la inclusión de determinados porcentajes de viviendas de bajo costo subsidiadas por el Estado, entre las residencias
destinadas a habitantes de altos ingresos, bajo el concepto de contribuir a reducir la segregación socio-espacial que caracteriza a la ciudad de Santiago y
se expresa en la instalación de condominios cerrados.